Omar Edgardo Rivera
El 4 de septiembre del año 2001, los candidatos presidenciales Ricardo Maduro Joest (Partido Nacional), Rafael Pineda Ponce (Partido Liberal), Matías Fúnez (Partido Unificación Democrática), Orlando Iriarte (Partido Demócrata Cristiano) y Olban Valladares (Partido innovación y Unidad - SD), firmaron ante la Sociedad Civil un acuerdo político mediante el cual se comprometían a impulsar concretamente una reforma política radical en el país; dicho acuerdo, al que se le denominó “Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño”, se basamenta en la necesidad de volver actual el régimen político e iniciar un integral proceso de consolidación de la democracia en Honduras.
El pacto en mención se resume en el compromiso de aprobar las siguientes reformas políticas:
Separar el Tribunal Nacional de Elecciones del Registro Nacional de las Personas; incorporación constitucional del plebiscito y del referéndum; regular las campañas electorales; autorizar la formación de alianzas políticas totales y parciales; la financiación política; estudiar mejores formas para la elección de diputados al Congreso Nacional; cambiar la figura de los designados presidenciales por la del vicepresidente; y aprobar una nueva Ley Electoral y de las organizaciones políticas.
De septiembre del año 2001 a la fecha, los resultados no son los esperados, aunque avances, sin duda alguna, han existido.
El “Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño” ha empezado a ser convertido en realidad a regañadientes y distorsionando gran parte de sus originales objetivos.
Las fuerzas políticas hegemónicas quisieron empezar por lo accesorio, y haciendo caso omiso a la voluntad del presidente Maduro Joest, que en su momento pretendió entrarle de lleno a una transformación total del régimen político, incluyendo dentro de ese proyecto presidencial los distritos electorales.
Pero como decíamos, los nacionalistas y liberales de línea dura (lado oscuro y capos les dicen) obviaron lo esencial y renegando aprobaron algunas reformas accesorias y otras hasta el cansancio demandadas por la población; dentro de las menos importantes -y cacaraqueadas vehementemente- como cambiar la figura de los tres designados a la presidencia de la República por un vicepresidente, algo marginal.
Asimismo, el Congreso Nacional de la República, aprobó separar el Tribunal Nacional de Elecciones del Registro Nacional de las Personas; sin embargo, y como siempre hay “un pelo en la sopa”, esa aún naciente institución electoral está queriendo ser politizada tal y como se hizo en el pasado reciente con el Tribunal Superior de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público (qué será que en Honduras prostituimos todo lo que se crea).
En cumplimiento del “Manifiesto”, también se incorporó a la Constitución de la República las prácticas de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum; ambas fueron incluidas en la Carta Magna de forma condicionada, a fin de que el llamado a una consulta popular de este tipo y los temas a tratar en las mismas, sean prerrogativa de la clase política nacional incrustada en las altas esferas del poder público; estos dos mecanismos de participación ciudadana están enclenques, rencos y confinados.
No obstante, algo es algo, y se avanza; responsabilidad de las inmediatas y futuras generaciones será perfeccionar estas formas de darle “voz al pueblo”.
Por meses habían dejado de lado lo toral, lo esencial, lo más importante; pero la presión popular y el potencial costo político de no aprobarlas, obligó a la clase política nacional a poner en el tapete de la discusión qué hacer con la Ley Electoral y la elección de los diputados.
No hubo mayor discusión en cuanto a reducir el tiempo de las campañas proselitistas (solo podrá hacerse proselitismo 50 días antes de las elecciones internas y 95 días para las elecciones generales) y a regular la publicidad electoral; donde la “mula botó a Genaro” fue cuando tocó discutirse el tema de la financiación de los partidos políticos y la elección de los parlamentarios.
Los controles a la financiación del trabajo proselitista fue poco estricto y no se le encomendó a una unidad particular esa función auditora, tan sólo se estableció la necesidad de una contabilidad y que las aportaciones mayores a Lps. 300 mil deben ser reportadas al Tribunal Superior Electoral; en materia de regular las campañas electorales, no sólo basta, con acortar los tiempos de hacer proselitismo, sino que verificar de dónde provienen los fondos que financian dichas actividades políticas; el contrabando, narcotráfico, lavado de dinero y la corrupción gubernamental son fijos financistas de muchos políticos en el país, hacia ellos todo el peso de la ley y la acción contralora del Estado (¿quién y cómo controlará el financiamiento subterráneo de las candidaturas oficialistas que el gobierno ejecuta?).
El clamor generalizado de elegir diputado al candidato más votado, obligo al “lado oscuro y a los capos” a buscar en su perverso ingenio una forma de “darle atol con el dedo” a los hondureños. Y así sucedió. La nueva Ley Electoral dice que “la papeleta utilizada en el nivel de diputados al Congreso Nacional contendrá en forma vertical y margen izquierdo los nombres, insignias y fotografías de los titulares de cada movimiento, y a continuación en forma horizontal las fotografías y los nombres de los candidatos a diputados propietarios del Congreso Nacional por departamento, cuyo orden será establecido por cada movimiento”.
También expresa esta nueva legislación electoral que en la papeleta correspondiente al nivel electivo de los diputados del Congreso Nacional pondrán un número de marcas no mayor a la cantidad de diputados a elegir por departamento. Cuando el número de marcas bajo las fotografías sea mayor, el voto será nulo y cuando sea menor, únicamente se le acreditarán a los candidatos seleccionados.
Bien hasta allí.
Donde la insatisfacción llega -a quienes tenemos algún grado de información- cuando nos enteramos de maniobras y acuerdos ocultos existentes para disminuir las posibilidades del elector de seleccionar directamente a sus escogidos como potenciales parlamentarios.
Dos asuntos sobresalen en esto de desnaturalizar el voto con fotografía para diputados.
En primer lugar el hecho de que los partidos políticos -y esta versión circula más vehementemente entre las filas liberales- reglamentaran los mecanismos de interpretación y conteo de votos, a fin de incluir en esa regulación interna que además del derecho que tendrán los electores de poder marcar con una “x” en la fotografía del candidato diputadil de su preferencia, lo podrán hacer en “cascada” marcando sobre la fotografía del candidato presidencial, beneficiando así a toda la lista incluida en la planilla congresional.
Con esto, a los sectores más humildes, poco educados y enormemente influenciados por la tradición caudillezca, serán alienados por una avalancha mediática que se abreviará en un slogan: “en la planilla de diputados, vote en cascada, marque sobre la fotografía del candidato presidencial”.
El otro asunto se relaciona con el hecho de que el mecanismo de selección de diputados, por la vía del “candidato mas votado” únicamente tendrá validez para las elecciones internas, y continuará vigente el sistema de representación proporcional o cociente electoral en lista de candidatos, en las elecciones generales.
A simple vista resulta para muchos nada grave, pero los que hemos experimentado en carne propia que los partidos políticos en Honduras son instituciones antidemocráticas, con procesos electorales viciados y corruptos, y manipulados por el poder económico y los caudillos “jurásicos”, podemos pronosticar que muy probablemente algunos “eternos candidatos” volverán a esconderse en una lista y beneficiarse del sistema de representación proporcional, sin recibir el castigo de ser los “menos votados” en las elecciones generales de noviembre del 2005.
Es decepcionante. El poder enquistado en el tuétano de ahora resulta que aunque tendremos la posibilidad de votar individualmente por los diputados, también podremos utilizar el “voto de cascada” para beneficiar a las lista de candidatos diputadiles al marcar sobre la fotografía del candidato presidencial; allí la estrategia publicitaria será vender la idea de “votar por toda la planilla”, y así “colar” a los de siempre.
Con esto, podríamos decir que la idea original se distorsionó con la intención de salvaguardar los intereses de los privilegiados del poder y así poder “colar” a los de siempre.
La nueva Ley Electoral tiene elementos de mucho avance democrático, pero también hubo omisiones -como las de los distritos electorales, candidaturas independientes en departamentos o municipios en las elecciones internas- que a propósito impulsó el sector más conservador de la clase política nacional.
Pero de toda esta tragedia de engaños, algo bueno se logra. Y las condiciones para luchar son menos adversas que en el pasado. Lo que debemos hacer de ahora en adelante es participar, y mostrar que existen candidatos nuevos, buenos y comprometidos con la sociedad, adversando a los viejos, malos y abusivos usufructuadores del poder estatal.
Comentarios: ml_rivera@hotmail.com
Tomás Alberto Avila
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